Los otros militares a los que se libró orden de detención son el general retirado Ricardo Escorcia; el general brigadier Roberto Dawe González; el teniente coronel retirado Jesús Hernández Soto y el mayor Ivan Reyna Muñoz.
Los generales Ángeles, Escorcia y Dawe, fueron trasladados al penal de máxima seguridad de Almoloya, ubicado en el Estado de México. Mientras que el mayor Iván Reyna Muñoz ya estaba en una cárcel acusado de fraude.
El caso
La acusación contra estos militares se basa en las declaraciones de dos testigos protegidos vinculados con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, que señalan que los uniformados recibieron millonarias cantidades de estos narcotraficantes para su protección.
Ricardo Sánchez Reyes, abogado del general Ángeles, dijo a MVS Radio que el general "está muy confiado de llegar al ámbito de la justicia federal" y consideró que no había suficiente mérito para dictar la orden de encarcelamiento.
Las pruebas contra los generales deben ser consistentes, sobre todo porque "el combate al crimen organizado y al narcotráfico en particular ha sido la política insignia de la administración del presidente Felipe Calderón", sostuvo en declaraciones a la agencia AFP Javier Oliva académico de la Universidad Nacional Autónoma de México y asesor del Colegio de Defensa Nacional.
La familia del general Ángeles, que ha dicho estar dispuesta a facilitar que se investiguen sus bienes y sus cuentas bancarias, considera que la detención tiene fines políticos. "Somos víctimas de una manera directa o indirecta. Estamos siendo rehenes de la anarquía en la que estamos viviendo", dijo la esposa, Leticia Zepeda, en entrevista para Milenio Televisión, y aseguró que su esposo "saldrá libre y con la frente en alto".
Ángeles fue detenido tras participar el 9 de mayo en un foro sobre seguridad organizado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuyo candidato, Enrique Peña Nieto, ganó la elección presidencial en una decisión impugnada por la izquierda.
En ese foro, Ángeles criticó la estrategia antidrogas de Calderón y subrayó la necesidad de "establecer objetivos de seguridad para tener rumbo", y reconoció que en el operativo militar se han cometido violaciones a los derechos humanos "porque donde hay injusticia, inevitablemente hay violencia".
La tarde del miércoles los acusados comparecieron ante un juez a quien negaron los cargos en su contra, mientras que sus abogados han dicho a la prensa que se les negó el acceso a la audiecia.
Fuente: infobae.com
