«En este Día Internacional de la Lucha Contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, apelo a los gobiernos, los medios de información y la sociedad civil para que hagan todo lo posible por crear conciencia del daño que causan las drogas ilícitas y para ayudar a impedir que haya personas que se benefician de su uso.»
En 1987, la Asamblea General decidió establecer el día 26 de junio de cada año como el Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, para dar una muestra de su determinación en fortalecer las actividades necesarias para alcanzar el objetivo de una sociedad internacional libre del abuso de drogas. La Asamblea tomó esa medida el 7 de diciembre de 1987 (resolución 42/112 Documento PDF), de conformidad con la recomendación de la Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas del 26 de junio de 1987.
la Asamblea General reconoció que, pese a los redoblados esfuerzos de la comunidad internacional, el problema mundial de las drogas seguía poniendo en grave peligro la salud y la seguridad pública y el bienestar de la humanidad, en particular de los niños y los jóvenes, y amenazando la seguridad nacional y la soberanía de los Estados, y que socavaba la estabilidad socioeconómica y política, así como el desarrollo sostenible. En la resolución se acogía con beneplácito la decisión de la Comisión de Estupefacientes de convocar una serie de sesiones de alto nivel durante su 52° período de sesiones, a fin de evaluar el progreso realizado desde 1998 en la consecución de los objetivos y las metas establecidos por la Asamblea General en su vigésimo período extraordinario de sesiones; determinar las prioridades futuras y los ámbitos en que se requiriesen medidas adicionales, así como las metas y los objetivos que habrían de fijarse en la lucha contra el problema mundial de las drogas después de 2009; y adoptar una declaración política y otras medidas de fomento de la cooperación internacional. La Asamblea alentó a la Comisión y a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a que prosiguieran su labor de fiscalización internacional de drogas e instó a todos los gobiernos a que prestasen el máximo apoyo financiero y político posible a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de manera que pudiera proseguir, ampliar y afianzar sus actividades operacionales y de cooperación técnica, en el marco de sus mandatos.
